Esta es la historia de Ikea, que había previsto instalar un centro comercial en Sant Cugat hasta que cambió de opinión en el último minuto y optó por hacerlo en Sabadell. Los motivos de cambio tan súbito –a sólo unas horas de su presentación pública– no han quedado claras, pero tuvieron que ver con la rapidez de Sabadell a la hora de ofrecer compensaciones y facilidades a los responsables de la multinacional.
Los ayuntamientos siempre han competido por los recursos, pero la crisis ha exacerbado esa competencia. Acabado el boom inmobiliario, agotado el margen para otras burbujas, ya sea la instalación de molinos de viento o de placas solares, queda poco donde rascar. Y ese poco son las licencias comerciales. La nueva ley del Comercio que prepara la Generalitat debe situarse en ese contexto. La legislación comercial, en Catalunya, ha sido siempre el campo de batalla entre el pequeño comercio y las grandes cadenas comerciales. Los grupos más o menos nacionalistas se han alineado siempre hacia el pequeño comercio; los otros no. Pero la ley que prepara el departamento que dirige Josep Huguet lleva también el sello municipalista. La ley cierra el paso a los grandes centros, pero crea una nueva categoría –comcercios de tamaño medio– que sólo podrán autorizar los ayuntamientos. A usted le contarán que ha sido el PSC el que ha forzado los cambios. En realidad, han sido los ayuntamientos metropolitanos, muchos de ellos del PSC, los que han presionado. Todo con tal de recaudar algo más.
Hace muchos años el PSC jugaba la carta metropolitana. Pedía un gobierno para toda el área e incluso Pasqual Maragall puso a trabajar en la cosa a su think tank, el Institut d'Estudis Metropolitans. No hubo suerte: el gobierno de CiU siempre frenó lo que veía como un contrapoder al gobierno de la Generalitat.
El debate no sólo era político; tenía también lógica económica. "Fer país" en los 80 era verter recursos a las comarcas del interior para compensar la macrocefalia metropolitana. Hoy ese debate ha perdido vigencia. En muchos aspectos el interior del país está mejor que el país metropolitano. Y la globalización ha puesto el foco del debate en otro aspecto: cómo conseguir que Barcelona tenga mayor peso en el exterior. En eso coinciden hoy todos.
Y esa es la paradoja. Hoy, cuando despunta un cierto consenso sobre la necesidad de dotar al área metropolitana de espacios de gobierno conjuntos –para atraer inversiones o racionalizar esfuerzos–, las posibilidades de materializarlos es cada vez más lejana. Lo contaba en privado un alto cargo de CiU en los años 90. "No se engañe, el problema metropolitano son sus alcaldes. Ninguno de ellos quiere perder su parcela". Hoy, en plena crisis de liderazgo metropolitano, esa frase suena más cierta que nunca. La capacidad de este país para disgregar esfuerzos, por lo que se ve, es enorme.
